Violencia contra candidatos golpean elecciones en México

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Por un golpe de suerte, Guillermo Valencia, candidato del  Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, decidió a último momento ir con un amigo a ver en la televisión la pelea de box de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y gracias a eso se libró de la balacera que sufrió su equipo en una expresión más de la violencia que golpea las elecciones, que han cobrado la vida de 35 políticos.

Tras el ataque a su camioneta, que recibió 37 impactos de bala y dejó a su guardaespaldas y su secretaria heridos, Valencia Reyes decidió cambiar su rutina de vida y ahora se traslada en un vehículo blindado y utiliza chaleco antibalas para ir a actos públicos.

Desde el día del atentado, Valencia asegura que cada mañana al salir de su departamento debe llenarse de mucha fuerza para despedirse de su esposa e hijas, de siete y dos años, porque teme que sea la última vez que las abrace. “Es complicado y cuesta hasta trabajo a veces hasta despedirme… porque no sé si voy a volver”, afirma.

El caso de Valencia se suma a más de 400 ataques y amenazas contra candidatos que se han reportado desde septiembre pasado hasta la fecha, según registros de Etellekt Consultores, consultora privada en comunicación y gestión de riesgo, lo que ha convertido la elección intermedia del 6 de junio en una de las más violentas de la historia reciente del país, superada por la votación de 2018 cuando se reportaron más de 100 homicidios de políticos.

Los comicios de junio, considerados los más grandes de la historia de México y en los que participan más de 150 mil candidatos, serán cruciales para el presidente Andrés Manuel López Obrador en su plan para asegurarse el control del Congreso en los tres años que le restan de mandato. En la consulta se votará para renovar los 500 puestos de la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores, 1,063 diputaciones estatales y 1,926 ayuntamientos.

La multiplicación de los ataques han llevado al menos a 18 aspirantes y candidatos a abandonar la contienda electoral e incluso algunos a cambiar de residencia para evitar correr con la suerte del exprocurador Abel Murrieta, candidato a la alcaldía Cajeme, Sonora, y de Alma Barragán, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, quienes fueron asesinados a tiros el 13 y 27 de mayo, y más recientemente Cipriano Villanueva, candidato a primer regidor del municipio de Acapetahua, en Chiapas, quien murió el viernes a consecuencia de varios disparos que le realizaron desconocidos que se trasladaban en una motocicleta.

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La creciente violencia ha desatado una ola de críticas de las principales fuerzas opositoras y organizaciones locales contra el plan que arrancó en marzo AMLO para proteger a los candidatos. Algunos analistas advierten que la situación de violencia podría alentar la abstención, el control de los grupos delictivos sobre las decisiones de los candidatos y que lleguen al poder políticos ligados a actividades ilícitas.

No obstante, el mandatario mexicano ha defendido sus políticas asegurando que permanentemente se da atención a los candidatos y se actúa para castigar a los responsables, aunque admitió, a raíz del asesinato de Murrieta, que “puede ser que sea responsable pero no culpable”.

A pocos días de las elecciones, el presidente instó a los mexicanos a salir a votar y no dejar que los atemoricen los grupos delictivos. “Cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada, como se le llama, o de la delincuencia de cuello blanco”, agregó.

En opinión de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano -que sigue la incidencia delictiva en México-, la violencia que se ha visto en este proceso electoral es consecuencia de la “ausencia de las políticas de seguridad” y la “incapacidad del gobierno federal de generar algún tipo de posible solución, (y) de dotar de recursos suficientes a las policías o a los estados”.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, durante este proceso electoral se han atendido 398 casos de políticos, de los cuales 148 han terminado en procesos de investigación y se les ha brindado protección. Del total de casos, 187 corresponden a amenazas, 101 a agresiones, 11 privaciones temporales de libertad, y 13 homicidios.

Sobre las consecuencias que acarrean los ataques contra los políticos, Rivas afirmó que los delincuentes utilizan la violencia como un “mecanismo de control” para incidir en el resultado electoral. “Eso significa desde desmotivar a la ciudadanía para que no vayan a votar hasta controlar las decisiones de los candidatos”, señala.

Por su parte, María Elena Morera, directora de la agrupación local Causa en Común, que defiende los derechos y libertades, indicó que la violencia “le quita a la gente la posibilidad de elegir libremente a sus representantes” y fomenta que “lleguen al poder figuras que están ligadas con actividades ilícitas”.

Con información de AP

IC