Ciudad de México.- Crisóforo Otero Heredia, ex alcalde de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, fue asesinado ayer jueves, en su domicilio particular, junto a uno de sus escoltas. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado integró una Carpeta de Investigación e inició las diligencias sobre el homicidio.
Otero Heredia fungió como alcalde de Tecpan, de 2012 a 2015, periodo en el que también se desempeñó como coordinador de los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Con este homicidio, suman tres los asesinatos de ex alcaldes del PRD en lo que va del 2017: Roger Arellano Sotelo, ex alcalde de Acapatelahuaya, asesinado en marzo, y Elí Camacho Goicochea, ex alcalde de Coyuca de Catalán ultimado en el mes de mayo. Además, continúa desaparecido el ex alcalde de Coyuca de Catalán y ex diputado perredista, Catalino Duarte Ortuño, a más de dos meses de haber sido secuestrado.
Los alcaldes son los más desprotegidos en el organigrama del poder, en la última década, 86 jefes o ex jefes municipales fueron asesinados.
Heredia fue el último en una larga lista de alcaldes o ex alcaldes que han sido amenazados, secuestrados o asesinados por el crimen organizado en México. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), informó que entre 2006 y agosto de 2016 fueron asesinados 36 ex alcaldes, 7 alcaldes electos y 43 en funciones, dando un total de 86.
En la “Guerra contra el Narcotráfico” impuesta por Calderón, han muerto y pueden incluso morir más ediles por estas condiciones: falta de recursos para seguridad, zonas de influencia de los cárteles y si son municipios pequeños, el poco desarrollo institucional.
Los alcaldes tienen poca influencia a la hora de definirse los presupuestos, ya que se hace entre el Ejecutivo y los estados, pero, por otro, están solos y acorralados ante la amenaza de la delincuencia organizada, cuando se niegan a pagar las cuotas que exigen o para dejarlos operar libremente. La decisión es difícil: si se niegan a pagar la extorsión los matan, si pagan y dejan operar “se convierten en uno de ellos”, y si denuncian, no pueden confiar en las instituciones, pues siempre hay una justificación para la inacción de la justicia.
Antes, los cárteles no estaban tan diversificados como ahora y las instituciones tenían cierta solidez, por eso los alcaldes no era un blanco tan fácil como lo son ahora.
El problema es que junto con el crecimiento de los cárteles, cayó sobre el país una cascada de corrupción que debilitó a las instituciones al involucrar a todo el aparato público. “Si nuestro presidente es corrupto, todo mundo se quiere llevar algo, si fulano de tal se lleva tantos millones de pesos, pues ¿por qué no hacerlo yo?, esto se ha generalizado: el presidente, los gobernadores, ahí está la situación, si tuviéramos presidentes honestos, gobernadores, los alcaldes no se atreverían, pero como ven que su pares hacen lo mismo…”
En 2016, alcaldes de los partidos de oposición exigieron al gobierno federal la implementación de un protocolo de seguridad para garantizar la seguridad de aquellos que estuvieran en riesgo, en el que se incluyeran indicadores como amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, para determinar el grado de protección que requieran.
Pedían que de acuerdo con el nivel de riesgo, se estableciera la entrega de recursos económicos incluyendo partidas del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), recursos humanos, materiales e inteligencia policial que debía incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán con prioridad.
Sin embargo, un año después, no existe ningún protocolo para los presidentes municipales.
