Robles sabía de los presuntos desvíos desde 2014 y no actuó: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por el manejo irregular de 5 mil 73 millones de pesos a través del esquema La Estafa Maestra.

La Fiscalía acusa a Robles de ejercicio indebido del servicio público con base en artículo 214 del Código Penal Federal y por el que advierte omisión para no informar de las irregularidades en ambas dependencias a su superior jerárquico, en este caso al presidente Enrique Peña Nieto.

La FGR aseguró que la entonces secretaria Robles fue informada de las irregularidades en diversas ocasiones de forma verbal y escrita desde 2014 y hasta 2018 por parte de dos exfuncionarios de ambas dependencias: José Antolino Orozco y María del Carmen Gutiérrez.

El abogado de Robles, Julio Hernández Barros, acusó un “acto de deslealtad procesal” el que la Fiscalía haya entregado este jueves por la mañana el registro de un testimonio recabado el 14 de mayo y que no entregó a la defensa en su momento.

Además el exauditor superior Juan Manuel Portal tuvo reuniones con la secretaria Robles donde le informó de las irregularidades encontradas en las dependencias y se entregaron los pliegos de observaciones emitidas por la ASF en 2014 y 2018.

Robles fue titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el sexenio pasado.

Como parte de los argumentos para buscar la imputación la FGR dijo que Robles tenía la obligación de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, buscando las mejores condiciones para el Estado y asegurando su eficacia y eficiencia, como lo establece el artículo 134 de la Constitución.

Sin embargo se realizaron 27 convenios entre la Universidad Autónoma de Morelos; la Politécnica Francisco I. Madero; la Politécnica de Quintana Roo; la Politécnica de Chiapas; Televisora de Hermosillo; Radio y Televisión de Hidalgo, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con la Sedesol y la Sedatu, pero las dependencias solicitaron servicios que no se requerían y que además no se cumplieron.

La Fiscalía también aseguró que no existían comprobables de los servicios contratados por las universidades.

A consideración de la Fiscalía Robles “tuvo pleno conocimiento de las presuntas irregularidades que representaron una grave afectación económica a la Hacienda pública”.

Esto provocó “que se siguiera la materialización de irregularidades en ambas dependencias y que Robles tenía la obligación de informar”.

La defensa de Rosario Robles, integrada por seis abogados, solicitó precisiones respecto a la imputación como el monto preciso de los presuntos desvíos, el sistema mediante el cual fueron desviados los recursos públicos, los funcionarios públicos que firmaron y el contenido de los supuestos informes y fechas precisas en las que los funcionarios informaron de las irregularidades a Robles.

El juez decretó un receso hasta las 17 horas para que la Fiscalía haga precisiones que pidió la defensa.

Rosario Robles llegó esta mañana al Reclusorio Sur para una primera audiencia por el caso de La Estafa Maestra, el esquema de corrupción mediante el cual hubo un presunto desvío de recursos públicos hacia empresas fantasma.

El delito por el que se le investiga es “ejercicio ilícito de la función pública”.

“Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara, como la he dado siempre y muy tranquila”, dijo la exfuncionaria a su arribo.

La extitular de Sedatu llegó acompañada de su abogado.

Con información de Animal Político