La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.
Y de los casos que si logra “resolver”, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.
Justo cuando acaba de cumplirse un año de su completa entrada en vigor, el nuevo sistema de justicia penal está siendo sometido a duros cuestionamientos. En México tenemos un problema de enorme gravedad en torno al sistema penal: los delitos siguen en aumento de forma imparable. Esto, es la falta de capacidad de los operadores jurídicos, principalmente agentes del Ministerio Público y Policías, lo que está originando el fracaso del sistema de justicia penal acusatorio
No nos debe sorprender el hecho de que algunos gobernantes pretendan escudarse en el nuevo sistema penal para justificar su incapacidad en el combate a la delincuencia. En México nos especializamos en importar todas las tendencias negativas que se producen alrededor del mundo, también en temas jurídicos. La reforma penal viene desde el 2008 y pretende ser un cambio a favor de la transparencia de los procesos, del respeto al debido proceso legal y de tutela de los derechos de las víctimas.
Pero la realidad es que existe un verdadero desconocimiento del sistema. Se quieren hacer las cosas bien pero no saben cómo y así los esfuerzos son insuficientes. Prevalece un gran desconocimiento del proceso penal, sus fines y metas. Entre las fallas destaca la saturación que tienen de casos por la incapacidad para investigarlos y resolverlos.
