Periodistas y activistas mexicanos, como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus, reportaron este lunes el diario The New York Times, colocando el tema en la portada de su versión impresa estadounidense, Artículo 19 y la organización R3D.
“Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group1, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, indicó el reporte de Artículo 19 y R3D, “Gobierno espía”.
Los intentos de espionaje tienen un punto en común: comenzaron cuando las víctimas cuestionaron los resultados y políticas del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto.
New York Times refirió que este tipo de software es “para identificar criminales y es muy preocupante que el gobierno vea a defensores, activistas y periodistas como similares a estos criminales”. ¿Qué hacen estos defensores, activistas y periodistas para que el gobierno los ponga en el mismo lugar que a criminales?
Esto, como lo expresó Denise Dresser se trata del “nuevo PRI” que es como “el viejo”, pero con “internet y malware”.
El actual gobierno federal se ha caracterizado por el “atropello constante de las normas”. pues reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho, señala NYT. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario.
De acuerdo con la ley del país, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunidades privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hacker, no contó con la autorización de un juez, no es una medida necesaria ni proporcional y los atacantes, agentes del Estado Mexicano, cometieron delitos graves.
La falta de investigaciones efectivas de crímenes contra periodistas crea un ambiente de vulnerabilidad hacia quienes ejercen esta profesión, además envía el mensaje a los agresores de que no existen consecuencias por sus actos, lo que permite que los ataques contra la prensa continúen.
Anteriormente el peligro era ser torero o limpiador de vidrios de los rascacielos, ¿Ahora el ser periodista significa morir por expresar la verdad?
