OCDE y Coparmex se pronuncian a favor de las políticas públicas del próximo gobierno para reducir la corrupción en México

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En la inauguración de la XLVI Convención IMEF 2018, Roberto Martínez Yllescas, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México para América Latina, indicó que la corrupción es un costo sustancial para la economía mexicana, pues le cuesta entre 5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante su exposición en el panel “La corrupción, obstáculo para la competitividad en México”,  aseveró que no es un problema exclusivo de México, sino a nivel mundial, “tan sólo los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo de 2% del PIB mundial y el 57% de los sobornos a nivel internacional se relacionan con las compras públicas”.

Señaló que estos recursos se pierden al no ir a áreas de interés público o de inversión pública para el bienestar y desarrollo. Con base en los cálculos de la OCDE, el costo equivale a 2.3 billones de pesos, casi el triple de los recursos que el gobierno federal gasta al año por pago de pensiones.

La OCDE ha desarrollado herramientas que permiten identificar si la corrupción en el país ha aumentado o disminuido a lo largo del tiempo, una de ellas es el Coeficiente de Integridad Pública, precisó Martínez Yllescas. Gracias a esta herramienta ha llevado a un incremento de entre 0.59 y 0.86% en la tasa de crecimiento del PIB per cápita, lo cual hace entender que el retorno económico de combatir la corrupción es muy significativo y por lo tanto amerita que se hagan esfuerzos más allá del ámbito público, sino que  también los actores privados y de la sociedad civil se comprometan.

El director adelantó que entre el  7 y 8 de enero de 2019 serán dados a conocer los resultados de la última evaluación de integridad pública en México; en este documento se enlistarán una serie de recomendaciones al nuevo gobierno para reducir la corrupción en el país y apegarse a las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y uso de los recursos públicos.

La corrupción debilita la capacidad del Estado para producir, causa ineficiencia en el uso de recursos públicos, corta la efectividad de las políticas sociales y baja calidad de la infraestructura. Además, de encarecer la inversión pública y generar sobre costos a las empresas privadas, de ahí la necesidad de combatir este fenómeno para ser más competitivos a nivel internacional, recalcó Martínez Yllescas.

Si bien la OCDE ha pronunciado respeto hacia las políticas públicas del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, mantendrán un diálogo abierto con las autoridades para colaborar en el análisis técnico y de impacto social además de económico para reducir la corrupción.

Por su parte,  el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que el organismo apoyará cualquier política pública que busque reducir la corrupción en el país.

En su participación en el IMEF Business Summit 2018, aseveró que la corrupción es un problema que debe atenderse, por lo que cualquier iniciativa que vaya encaminada a combatirla contará con el respaldo de los empresarios; sin embargo, resaltó que hay dudas sobre la conducción de la política pública en este sentido así como alertas respecto al tratamiento que se dará a los temas económicos.´

“Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta del presidente electo para tratar de combatir la corrupción. Cualquier iniciativa en el Estado de derecho que avance en esta dirección ciertamente tendrá el apoyo de los ciudadanos y particularmente de Coparmex. Desafortunadamente, declaraciones recientes como la amnistía general son señales que no tienen convicción con esa oferta política”.

Hoyos Walther, dijo que la Coparmex coincide plenamente con el plan nacional de seguridad planteado por el próximo mandatario, aunque hay preocupación por el abuso que se pudiera generar de las fuerzas federales. Señaló que los mensajes y acciones del presidente electo y de su grupo parlamentario han generado una serie de dudas sobre la conducción económica.

Por último, Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advirtió que pare le siguiente año la economía mexicana tendrá una desaceleración por el cambio de administración federal.

El pronóstico de crecimiento del PIB ajustó que será de 2.1 a 1.8% de 2019, lo que si bien representa una desaceleración, es natural y está en línea con el menor dinamismo registrado durante el primer año de gobierno de otras administraciones.

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