No se ha logrado identificar los 19 cuerpos calcinados en el basurero de Cocula por la negligencia de la PGR

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A días de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se ha podido dar carpetazo a la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a pesar de que el gobierno federal ha puesto trabas al proceso en estos 4 años.

Recapitulando, la noche del 26 de septiembre de 2014, entre 23 y 28 normalistas de Ayotzinapa -del grupo de 43 que se encuentra desaparecido de manera forzada desde entonces- fueron entregados a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los condujeron hasta el basurero de Cocula, Guerrero.

Lamentablemente ante las ineficiencias en las diligencias ministeriales de la PGR  no se ha podido determinar si los cuerpos encontrados en el basurero corresponden a alguno de los estudiantes o si se tratan de otras personas. A pesar  de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó con pruebas científicas que en ese vertedero fueron asesinadas y calcinadas al menos 19 personas, en un tiempo que coincide con la desaparición de los estudiantes.

El martes 27 de noviembre, la CNDH emitió la recomendación 15VG/2018 por el caso Ayotzinapa, en donde los principales argumentos señalan las graves violaciones a las garantías fundamentales y está dirigido a 16 autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, José Larrieta explicó que en las acciones contra los normalistas habrían participado elementos policiacos de varios municipios de Guerrero, como Iguala, Huiztuco, Cocula; de la policía estatal, elementos federales y hubo omisión de la PGR y el Ejército para garantizar la seguridad de los jóvenes.

Indicó que un grupo de entre 23 y 28 normalistas de Ayotzinapa fue detenido cuando viajaban en un autobús en el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico, fueron conducidos a la comandancia de la policía municipal de Iguala, de ahí, se les trasladó 30 minutos después a la zona conocida como Loma de Coyotes, donde fueron entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos por orden de una persona identificada como “El Patrón”, quienes los llevaron hasta el basurero de Cocula. Otro grupo, de entre 15 y 19 normalistas, que viajaban en otro autobús, fueron trasladados en camionetas de las policías municipales a Huitzuco, donde se les perdió la pista.

Larrieta detalló que el equipo de peritos de la comisión acudió al vertedero de Cocula para analizar el lugar en base con lo que los implicados que han declarado dijeron haber incinerado a los normalistas.

Aquí se encontraron elementos biológicos, físicos y químicos que permiten asegurar que hubo fuego provocado con combustibles y elementos como llantas, maderas y plásticos sobre una plancha de piedras.

Los elementos hallados en las piedras del lugar, fueron enviados por la CNDH al Instituto de Geología de la UNAM, quienes también confirmaron que hubo elementos que advierten la presencia de una pira que habría alcanzado de 200 a poco menos de 850 grados centígrados.

Agregó, que la tierra y otros elementos encontrados en la bolsa con restos humanos y cenizas recuperadas en el Río San Juan, coinciden con elementos encontrados en el basurero.

El titular habló del hallazgo de 94 restos óseos y dentales, 38 de ellos huesos petrosas (cada individuo tiene un par de ellos, por lo que se habla al menos de 19 calcinados en ese lugar).

A pesar de que estos hallazgos óseos pueden contribuir a la investigación, la PGR de manera negligente no ha realizado los estudios genéticos para concluir si se trata de los estudiantes o no.

Los restos hallados tanto en el Río San Juan como en el basurero, se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se determinó que el ADN coincide con dos de los 43 normalistas desaparecidos, Alexander Mora Benancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Por su parte, Alejandro Encinas, quien arranca el sábado como subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de López Obrador, aseguró que el lunes instalarán la comisión especial del caso Ayotzinapa para seguir con las investigaciones.

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