López-Gatell y la APPO ponen en riesgo la economía de Oaxaca con su «nueva ley»

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del Gobierno federal, sumó esfuerzos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para sacar adelante la ley que prohibió en ese estado la venta o suministro de bebidas embotelladas y alimentos empaquetados.

En un audio, al cual tuvo acceso este medio, queda registro de cómo López Gatell, felicita y alienta al diputado local en Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio, para impulsar las modificaciones a la ley.

“Nos parece una iniciativa excelente… que lo hagan los congresos estatales (prohibir la venta de bebidas embotelladas y alimentos empaquetados, va mostrar el camino”, se escucha en el audio decirle Gatell a Sosa.

Y es que a raíz de un polémico manejo de la pandemia en México, López Gatell emprendió una batalla contra empresas que producen bebidas embotelladas y alimentos empaquetados argumentando que el sobrepeso y la diabetes son factores que agravan la salud de las personas que contraen Covid 19. Sin embargo, alimentos de alto contenido calórico que se venden en las calles como quesadillas, tacos y hasta papas fritas no son tocados por la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente aprobada en Oaxaca.

Sosa, además de ser el líder de Morena en el Congreso estatal de Oaxaca, participó como consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante la toma de esa ciudad en 2006 que causó pérdidas millonarias al verse suspendido el turismo y la actividad económica de la ciudad.

Horacio, es hermano de Flavio Sosa, también líder de la APPO, y estuvo preso después de la toma de la ciudad bajo el expediente 71/2006 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán de Morelos.

La Ley Gatell estaría dando el oxígeno necesario para que la APPO tome nuevos bríos, debido a que se busca que la supervisión de que quien cumpla la ley -dado que hay poco más de 58 mil pequeñas tienditas en Oaxaca- quede en manos de las redes de la APPO o similares. 

Es así que se proyecta que la APPO resurja con sus redes para vigilar que las pequeñas tiendas y las escuelas cumplan con la ley, que sus brigadas recorran los barrios y amedrenten a las tienditas.

Lo anterior derivará en que, tanto pequeños comercios como escuelas que sí cumplan con la nueva norma, van a ser forzadas a pegar una estampa en sus establecimientos, para definir “si apoyan o no” la medida. Una calca a lo que ocurrió en 2006 con la toma de la ciudad.

Las que no cumplan, serán acosadas para que lo hagan, pero no por deseo al cumplimento con el estado de derecho, sino para engrosar los puntos de contacto de la APPO.

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