Juzgarán en Ginebra la gestión de EPN en materia de Derechos Humanos

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Este miércoles 7 de noviembre, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, la delegación mexicana encabezada por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas rendirá cuentas ante el mundo de la administración priista de Enrique Peña Nieto.

El secretario tratará de defender a EPN como jefe del Estado, sus leyes y los programas implementados sobre sus seis años de gestión para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.

La delegación mexicana no la tiene fácil, llegarán al Examen Periódico Universal (EPU) con números rojos:

 

  •     37 mil personas desaparecidas gracias a la falta de un sistema nacional de búsqueda que funcione como marca la ley.  
  •     47 periodistas han sido asesinados, no se cuenta con un programa para su protección.
  •     Más de 310 mil personas, han sido desplazadas internamente a causa de la violencia, en los últimos 10 años.

A pesar de lo que se diga en Ginebra, Organizaciones No Gubernamentales en México han reprobado a Peña Nieto como jefe del Ejecutivo por el deterioro de la seguridad en el país, por la impunidad que prevalece y la corrupción.

El representante en México de la Oficina de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló previo a unas horas del EPU:

“Las desapariciones son un tema particularmente dramático en México, con 37 mil oficialmente registrados como desaparecidos. Tortura es otro tema que hemos abordado, por ejemplo en el informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa”.

“Estamos muy preocupados por la situación de defensores y de periodistas de derechos humanos, no sólo por todas las incertidumbres en el mecanismo de protección, sino por todo el contexto que facilita agresiones en contra de periodistas y defensores. Los números de agresiones, e incluso de asesinatos, son terribles, y estoy convencido que también, en cualquier revisión, en un proceso como el EPU, se va a considerar”.

 

En lo que va del año han asesinado a 21 defensores de los derechos humanos, nueve de ellos pertenecían a comunidades indígenas (cifras oficiales de ACNUDH), México tiene pendiente la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y de la población migrante.

Durante el sexenio se han vivido tragos amargos, como el no lograr convencer a esta administración para que aceptara que el Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas tuviera la facultad de analizar casos individuales, que no encuentran solución con las autoridades mexicanas.

Otro episodio que causó gran indignación fue cuando el gobierno de Peña Nieto cuestionó la validez de un reporte de ONU-DH México, sobre tortura en la investigación federal sobre el caso Ayotzinapa. A pesar de los intentos de EPN por entorpecer la investigación,  este reporte repercutió para que el Tribunal ordenará reponer toda la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas.

En contraste, se espera que la próxima administración pueda lograr cambios positivos en materia de Derechos Humanos. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, invitó a ONU-DH México a colaborar en la investigación sobre Ayotzinapa, y que también ha dado señales de avanzar en temas como las políticas de migración.

Para el EPU se inscribieron 108 países para hacer recomendaciones o preguntas a México. Estados Unidos será el primer país en participar, después Uruguay y en tercer sitio Venezuela.

Emilio Álvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que: “El gobierno de Peña Nieto dirá que hay mejores leyes, la ley de víctimas, la ley general de desapariciones forzadas, pero a la hora de la hora los esfuerzos de implementación de la atención a víctimas o de la comisión nacional de búsqueda son insuficientes, o están muy por debajo de lo que se necesita”.

Existe un documento anexo del gobierno mexicano, donde señala su respuesta a cada una de las recomendaciones hechas en el EPU de 2013.

Hay algunos avances legislativos, entre ellos la ley que puso como mandato crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir la impunidad, aunque dicho Sistema sigue sin operar, pues no se ha integrado de forma completa.

La creación de una base de datos de migrantes desaparecidos, es una de las recomendaciones no cumplidas, en México se estableció un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviada o Desaparecidas, y se ha tenido contacto con El Salvador y Honduras, para lograr acuerdos de intercambio de información, sin que se detalle cuál fue el avance de dichas pláticas.

En la recomendación para acabar con los asesinatos y amenazas hacia periodistas, el gobierno reconoció que es una tarea incumplida, que aún está “en proceso” ya que por ejemplo de 2015 a junio de 2018, con la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), sólo ha habido cuatro sentencias por ataques contra comunicadores.

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