El Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, dio durante el segundo semestre de 2016 un monto de 1.9 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública municipal, para que sus policías tomaran cursos de capacitación y diplomados. La Auditoría Superior del Estado (ASE) no halló evidencia de que los policías en verdad hayan tomado los cursos: Uno de formación inicial policial, un taller de capacitación de “primer respondiente”, y un diplomado para mandos medios.
“Se detectó que efectúan erogaciones por importe total de $1,958,235.64, por concepto de diversos cursos, observándose que omiten anexar la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: Listas de asistencias, constancias de haber terminado los cursos, diplomas de los participantes, fotografía grupal y oficio de validación del diplomado expedido por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla”, apuntó la ASE, en la revisión 107. La corrupción en México representa un serio obstáculo para alcanzar mayores niveles de bienestar. La identificación correcta de sus causas debería orientar la estrategia para su combate.
Ya sabemos que el gasto del gobierno se financia por impuestos y derechos que pagamos los mexicanos, así como también, de los ingresos petroleros. El Gobierno federal gasta más de lo programado en el presupuesto incluso más en servicios personales que en inversión pública, razón por la cual el país se encuentra estancado en muchos sentidos.
El daño económico total de la corrupción es significativo. El combate a la corrupción en México es un camino necesario para acrecentar el bienestar social. Porque ya nadie cree en las instituciones fundamentales y ni siquiera podemos sentirnos seguros. Sin duda, la impunidad ha incrementado enormemente.
No hay suficiente control en el presupuesto. ¿Cómo es posible que se gaste más del aprobado? ¿Qué valor tiene un presupuesto si no se respeta?
