México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos mismos que se creen muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.
Un reclamo de justicia para cada periodista asesinado en el país fue el que presentó la tarde del sábado Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, asesinado hace dos meses en Culiacán.
En un homenaje realizado en la Ciudad de México, convocado por las organizaciones Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras, Triana dijo que a dos meses, no hay respuesta de las autoridades.
“A dos meses de haber sido asesinado no hay señal de mínima respuesta, tenemos derecho a saber la verdad, por qué lo mataron”, expresó Griselda Triana, acompañada de sus dos hijos.
Asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro. Es una pesadilla que tienen los periodistas en México.
El gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria. Sin embargo no es lo que se necesita para salvaguardar la integridad de hombres y mujeres cuya misión es informar a la sociedad.
Las razones para los asesinatos son diversas. Hay quien se mete con el narco en su cobertura y figuras públicas corruptas a veces quieren silenciar las voces críticas. Algunas ocasiones puede ser fortuito y también existe el caso de los que se pasan al lado oscuro y acaban teniendo una relación demasiado estrecha con el submundo criminal.
Los asesinatos y constantes amenazas cometidas contra los periodistas en el país demuestran el deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La situación para el gremio se recrudece cada vez más y lo peor es que la voluntad para resolverlo es nula.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
En México no se cumple, la vida de reporteros está en riesgo.
