EPN deja 55 millones de pobres, 100 mil más que hace 6 años

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A meses de que finalice el sexenio de EPN, expertos en política han analizado su gestión, concluyendo en que las políticas públicas creadas por la actual administración han sido un fracaso, y que al contrario, aumentaron los niveles de pobreza  y desigualdad en México.

Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que en México hay 55.3 millones de personas  en pobreza, casi 100 mil más que al inicio del sexenio; además 62 millones que carecen de ingreso suficiente para adquirir lo básico para vivir, casi un millón y medio más que en 2012.

Para la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “el balance es muy negativo. La pobreza laboral, la pobreza crónica que produce hambre y la desigualdad étnica y territorial, permanecieron o se agravaron” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esta aseveración se desprende del documento llamado “El Fracaso”, en el los expertos concluyeron que  los programas federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no cumplieron su objetivo de erradicar el hambre y la pobreza, además de que no se crearon políticas  que mejoraran los ingresos ni el ejercicio de derechos básicos de millones de personas. Es decir, EPN “no cumplió su compromiso”.

Hay que recordar que (como todos los políticos), durante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto prometió impulsar programas que erradicaran el hambre. La realidad es que actualmente la carencia alimentaria (deficiencias de nutrientes que causa desnutrición) afecta a 24.6 millones de personas, si bien hubo una reducción de casos en comparación a 2012, a este ritmo tomaría 118 años acabar totalmente con la carencia.

La población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria pasó de 23.5 millones en 2012, a 21.4 millones. Sólo 2.1 millones de personas menos. A esta velocidad, pasarían 130 años para que toda la población tuviera acceso a la canasta alimentaria.

Finalmente, la población con inseguridad alimentaria severa (limitación e incertidumbre en cantidad y calidad de los alimentos) asciende a 9.96 millones de personas, 1.4 millones menos que en 2012, pero en este rubro tomaría 74 años llevar la cifra a cero.

En los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, aumentó el número de personas en pobreza extrema, siendo Veracruz la entidad con el índice más alto con más de 5 mil personas a diferencia de las 4 mil registradas en 2012.

En cuanto a la brecha que enfrenta la población indígena se encontró que: solo 1 de cada 20 personas indígenas, no presentan carencias o ingreso insuficiente. En tanto que el 72% vive en condición de pobreza, porcentaje que equivale a unos 8.3 millones de personas.

Mientras que 4.8 millones de personas indígenas tienen un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

 


Visita a la casa de la familia Vargas Lara quienes viven en la colonia Degollado de la delegacion Iztapalapa y debido a la crisis hay ocasiones que comen y dias que no por lo que esperan recibir la ayuda del gobierno despues del anuncio de la cruzada por el hambre.

¿Cuáles son las razones del fracaso?

El estudio de Frente a la Pobreza  argumenta que estas cifras son el resultado del impulso de políticas generadoras de pobreza.

Por ejemplo, la política salarial de la Secretaría del Trabajo, implementada a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

La decisión deliberada de fijar el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica para una persona viola la Constitución y los derechos laborales reconocidos por México en tratados internacionales.

 

Otras políticas generadoras de pobreza son:

Política fiscal: No tiene efectos distributivos, y condona impuestos a grandes fortunas.

Promoción de inversiones en macro-proyectos territoriales: No tiene esquemas de asociación con comunidades indígenas y pequeños productores del campo.

Autorización de proyectos de minería al aire libre y similares: Depredan el medio ambiente y destruyen el entorno económico, social y natural de comunidades indígenas.

Financiamiento y subsidios para grandes empresas: Marginan al resto de medianas, pequeñas y micro empresas, y sobre todo a cooperativas y empresas de propiedad social.

Políticas laborales inadecuadas: Permiten la contratación de millones de trabajadores asalariados sin prestaciones sociales ni seguridad social, en empresas formales e incluso en el gobierno.

 

Otro de los fracasos cometidos durante el sexenio de EPN, es la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”. En 2017, la Sedesol apenas había identificado al 33% de la población con carencia alimentaria y al 85% de la población en pobreza extrema con carencia alimentaria”.

Desde un principio el programa no estuvo bien planteado, por lo consiguiente, solo consiguió reducir de 7 a 5.1 millones el número de personas en esta situación.   

Hace más de 10 años, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, Gestión Social y Cooperación, A. C. (Gesoc) ha señalado en el mal desempeño de muchos programas federales.

“Los programas opacos, dispersos y con escasos resultados, tuvieron un incremento al pasar de 268 mil millones de pesos en 2013 a 528 mil mdp en 2017”, detalla el Gesoc.

 

¿Qué medidas se necesitan para mejorar estos parámetros?

Para cambiar la situación Frente a la Pobreza es indispensable que la política económica y política social trabajen en conjunto, pues “no hay manera de lograr reducciones significativas de pobreza únicamente a base de programas sociales”.

Además, se tiene que adoptar el enfoque de derechos del artículo 1 constitucional, enfocado en las políticas para erradicar la pobreza y la desigualdad.

 

Se necesita de manera urgente:

 

  • La transformación de la Conasami y la recuperación del valor del salario.

 

  • Implementar acciones que permitan la movilidad social y eviten la permanencia de la pobreza durante el ciclo de vida. Para esto habrá que garantizar el desarrollo del cerebro desde la gestación hasta los primeros dos años de vida y la culminación del ciclo educativo con competencias básicas, al menos hasta la secundaria.

 

Otras acciones están relacionadas con la inversión en empresas de propiedad social y la creación de un Registro Nacional Ciudadano que funcione como “padrón único” obligatorio para todos los programas sociales.

 

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