Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un mecanismo bastante astuto para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en los bolsillos sucios de los funcionarios, pero no no importa ya que Duarte ya está en la cárcel, de lujo… claro está.
Pero el exgobernador de Veracruz no fue el primero en inventar este ingenioso procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas en 2013 y 2014, se detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones, seguramente en las mancuernillas de oro de algún politicucho.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque eran empresas fantasma, no existen.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.
Este fraude, eso sí, es más sofisticado y con mayor clase que el de Javier Duarte (Hasta para eso hay niveles)
La diferencia es que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio… simple distracción.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal, pero como siempre, todos se hacen de la vista gorda..
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma.
Quién tuviera el privilegio de poder robar esta cantidad de dinero sin tener sanción alguna posteriormente, ni los mejores ladrones salen limpios de algún robo, pero claro… el gobierno no tiene problema en robar y salir limpio, así es como funciona nuestro país.
