Ciudad de México.- El soldado acusado de ejecutar a un presunto huachicolero en Palmarito Tochapan, Puebla, el pasado 3 de mayo, fue liberado por un juez federal de control quien desestimó el video donde aparece un militar disparando contra un civil rendido.
En la lucha contra el narcotráfico los homicidios, secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a los derechos humanos y otros delitos se cuentan por miles. El temor es generalizado y lo mismo se cuidan de los criminales que de las fuerzas federales desplegadas en las “Zonas de Conflicto”.
Las autoridades federales dispusieron del Ejército Mexicano para que se encargara de aplicar acciones con el fin de acabar con la insurrección popular. Desde aquellos años las instituciones responsables de procurar y administrar justicia fueron utilizadas como estructuras delincuenciales para solapar y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y cometer delitos incluso peores.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación citadas por Reforma, el llamado “sargento José” salió de prisión el pasado miércoles 7 de junio tras una audiencia, en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla (CJPF), en la que el juez Luis Jiménez no aceptó como prueba la videograbación, presentada por la PGR, por haber sido tomada de redes sociales y no tener una fuente identificada. Jiménez también consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó pruebas de balística que confirmaran la relación entre el arma del soldado y la usada en el homicidio, así como que los testigos del caso no hicieron imputaciones directas contra el elemento castrense.
Al iniciar la audiencia, habría señalado que los soldados se enfrentan a situaciones en las que tienen que decidir entre “matar o morir”, además de destacar que “están arriesgando su vida por la sociedad”.
El historial de abusos del Ejército ligado a las labores de seguridad pública y de contrainsurgencia, que ilegalmente han realizado, es largo. Además de la impunidad y el dolor de las víctimas que se acumulan en todo el país, el incremento de la violencia y el aumento de casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales se suman a este problema. En este ambiente de terror existe un total desorden entre las fuerzas armadas por la ausencia de controles civiles, que como regla básica debe existir en todo régimen democrático.
Este caos impera en nuestro país por el poder impoluto que ejerce el Ejército por encima de las normas que nos rigen y de las mismas autoridades civiles, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas mexicanas ha llegado, al grado de causar daños letales a decenas de víctimas que han sido ejecutadas por miembros del ejército.
