Cooperativistas de Cruz Azul advierten la toma del TSJCDMX, por complicidad entre jueces y usurpadores Marín y Velázquez

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Ante el secuestro del control de la Cooperativa Cruz Azul, por parte de José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes administran sin base legal el patrimonio colectivo, la mayoría de los socios de la Cooperativa envió este lunes un duro mensaje al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), para exigir que los jueces dejen de manipular los procesos y dictar resoluciones a modo, en perjuicio de más de 10 mil 500 familias.

La mayoría de los cooperativistas señala que José Manuel Salazar Uribe, Juez Sexagésimo de lo Civil en la Ciudad de México es uno de los juzgadores que sigue actuando bajo consigna y en complicidad con Velázquez y Marín.

Señalaron que dicho juez, declaró legal una asamblea realizada irregularmente en septiembre de 2018, para que Marín y Velázquez pudieran usurpar los puestos directivos en franca violación a la ley y a los derechos de la mayoría de los cooperativistas.

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Debido a la carencia de fundamento de las designaciones de Marín y Velázquez, éstos no han podido entrar a las plantas de la cooperativa y de hecho, un intento de hacerlo por la fuerza, derivó ya en la muerte de una persona en Oaxaca, por lo que exigen también que sea investigado por el Ministerio Público.

La mayoría de los cooperativistas ya eligieron legalmente, en agosto pasado, como presidentes de los consejos de administración y vigilancia a Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, respectivamente, por lo que advirtieron que si los juzgados de la capital del país siguen actuando al margen de la ley, acudirán a tomar las instalaciones judiciales ubicadas en la zona centro de la Ciudad de México.

“Exigimos respeto a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a las Bases Constitutivas de Cruz Azul”, informaron representantes de la mayoría de los socios y adelantaron que elevarán su exigencia ante diversas autoridades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejos de la Judicatura, local y federal y diversas secretarías del Gobierno de la República, para defender sus derechos, frenar el hostigamiento y las amenazas en su contra y retomar el control del patrimonio colectivo.

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