Demandan cooperativistas de La Cruz Azul la restauración de la legalidad y devolución de su fuente de trabajo

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Los cooperativistas de La Cruz Azul pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, intervenir para restaurar la legalidad y devolverles su fuente de trabajo, ahora en poder de un grupo de disidentes que, mediante argucias legales, evidentes actos de corrupción y la complicidad del poder judicial en la CDMX se apoderaron de ésta.

Los cooperativistas además de exhibir la ruta seguida en la CDMX para la toma de control ilegal de la misma, evidencian el involucramiento en ésta por parte del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra.

Mediante un desplegado, los cooperativistas denuncian que Rafael Guerra ha sido extraordinariamente diligente con la disidencia que violenta sus derechos. Les entregó con inusitada rapidez y sospechosa complicidad de los jueces 60, 8o., 24 y 54 el control administrativo de la cooperativa. Además de otorgar órdenes para obtener el control de las oficinas corporativas y de las plantas cementeras de Hidalgo y Oaxaca.

Advierten que como resultado del conjunto de ilegalidades, la disidencia ha despojado y dejado sin apoyos a 500 de sus integrantes entre jubilados, pensionados y viudas, que han quedado sin sueldo, sin empleo y sin prestaciones.

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Los cooperativistas detallan los nombres de coordinadores y jueces que han apoyado al grupo de disidentes, encabezados José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, para apoderarse de la cooperativa.

Señalan en el desplegado dirigido a AMLO que, a través del Coordinador General de Investigación Estratégica de la FGJCDMX, Facundo Santillán Julián, y de los jueces de control Júpiter López y Agustín Moreno se ha creado un ambiente de incertidumbre y de tensión entre los cooperativistas lo que ha derivado en 20 órdenes de aprehensión, 2 personas injustamente presas, un socio fallecido.

Asimismo, los cooperativistas informan que un juez federal ha suspendido los actos producto de la asamblea ilegal del 5 de abril de 2021, promovida por los usurpadores, entre los que mencionan la elección de nuevos consejos de administración y vigilancia, la aceptación de nuevos socios, el excluir a otros tantos y modificar las bases constitutivas, que promovieron los usurpadores Marín y Velázquez.

Los cooperativistas le explican al presidente que hasta ahora han sostenido una batalla constante por devolver derechos, salarios y fuentes de empleo a la mayoría de cooperativistas que el pasado 26 de agosto de 2020, eligieron democráticamente a los consejos de administración y vigilancia encabezados legalmente por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales.

Finalmente, los cooperativistas confían en que la limpia que el presidente López Obrador ha emprendido en el poder judicial, a fin de desterrar los actos de corrupción en el interior de sus órganos, coadyuven a salvar de la ruina a una cooperativa que por más de 100 años ha contribuido al desarrollo de México y ha sido ejemplo en toda América Latina.