Ciudad de México.- La Presidencia de la República rechazó espiar a activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias gubernamentales estén involucradas, contra lo informado hoy por el New York Times y diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.
Tras revelarse el uso un malware comprado por el Gobierno para espiar a periodistas y activistas, los afectados y organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el gobierno federal destina a estos programas malignos.
Bien dicen que ‘el que calla, otorga’ y es que pese a que el New York Times desplegó en primera plana el reportaje sobre los nuevos casos de espionaje y que la prensa mexicana retomó abundantemente la noticia, el silencio del gobierno federal fue casi absoluto. La única respuesta que dio fue para negar lo anterior.
Como era de esperarse, nuestro ‘honorable’ y nada corrupto Gobierno Mexicano, rechazó a toda costa estas acusaciones, con el respaldo de la siempre oportuna frase ‘no existen pruebas’.
“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, expone al inicio.
Aquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka
— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) 19 de junio de 2017
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI), un órgano autónomo que podría investigar de oficio lo ocurrido en las tentativas de espionaje –es garante de los derechos a la privacidad–, tampoco emitió comunicado al respecto.
La realidad que día a día enfrentan periodistas, activistas y todos los que buscan ejercer el derecho a la libertad de expresión en México, se vuelve cada vez más peligrosa: Recordemos las constantes muertes de comunicadores a lo largo y ancho del país, de las cuales se ha exigido justicia al Gobierno Mexicano, y hoy, irónicamente, son los altos mandos del país quienes atentan contra los derechos humanos.
