Ciudad de México.- La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero el 16 de septiembre de 2014 se convirtió en un hecho -otro- emblemático de la impunidad y corrupción en nuestro país. Sin embargo, a casi tres años del suceso, la llamada “verdad histórica” puede colapsar.
Tras una serie de investigaciones para esclarecer y encontrar a los estudiantes, el resultado sólo se limitó a que el gobernador tuviera que dejar el cargo, el presidente municipal de la localidad estuviera prófugo varios meses y ahora en prisión. Las conclusiones presentadas semanas después por la Procuraduría General de la República no convencieron a padres de las víctimas que argumentaban que había cabos sueltos.
Hoy, un informe de la visitaduría general de la PGR concluyó que la investigación estuvo plagada de presuntas ilegalidades -que raro-. El documento no es reconocido por la dependencia, se encuentra archivado, aunque existe la posibilidad de que la investigación por el caso Ayotzinapa sea impugnada ante tribunales internacionales y los detenidos queden en libertad, por la eventual violación de la ley.
En el informe se describe que hubo tortura a testigo y acusados, se realizaron diligencia fuera de la ley y la contradicción de los ministerios públicos estuvo presente. ¿La impunidad seguirá si el caso llega a organismo internacionales?
Ahora, la presencia de irregularidades en un caso tan emblemático para la sociedad mexicana parece mandar el mensaje de que los esfuerzos por hacer de este país uno en el que predomine la correcta aplicación de la ley —y se deje de lado la constante impunidad que impera — solo son un espejismo.
