Amparo y presunta falsificación de pruebas retrasan juicio de Javier Duarte

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Ciudad de México.- El proceso penal en contra de Javier Duarte por el delito de malversación de recursos públicos, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos durante su gobierno, sigue sin llegar a juicio por una demanda de amparo que provocó la sustitución de juez y una denuncia penal por evidencias en contra del ex gobernador que fueron presuntamente falsificadas.

El caso impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR) fue uno de los motivos principales por los que Duarte fue aprehendido y extraditado desde Guatemala en 2017, pero, a diferencia del caso del proceso de la PGR por lavado de dinero en el cual ya se dictó sentencia, el nuevo proceso sigue en la primera fase.

Un juez de la Ciudad de México vinculó al ex mandatario local a proceso por el delito de peculado el 20 de mayo de 2018, por lo que estableció un lapso de seis meses de investigación para que ambas partes reunieran sus pruebas y las presentaran en audiencia intermedia; no obstante, han pasado 18 meses sin que haya iniciado el juicio.

Francisco Valencia, ex comisionado de Agua durante el gobierno de Duarte, también acusado en el mismo caso, busco, por medio de un amparo, que el caso fuera atraído por un juez federal y no se quedara en Veracruz.

El Primer Tribunal Colegiado en Veracruz concedieron el amparar a Valencia, por lo que el juez se declaró incompetente para continuar siguiendo el proceso y apenas el pasado 17 de septiembre se determinó que un juez federal recibirá el proceso, provocando el retraso del mismo pues el ex comisionado y Javier Duarte son coacusado en el mismo caso.

En ese contexto, el juez federal deberá decidir si retoma el caso desde donde se quedó o pide que se inicie desde cero.

Además del problema del retraso, el caso por peculado contra Duarte enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas, situación que incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y, de confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que resulten responsables.

Los cuestionamientos se centran en dos oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran 220 millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas a otras cuentas.

El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones transferidos, situación que nunca ocurrió.

De acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado defensor de Duarte, ambos oficios son falsos. Para comprobarlo la defensa tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de cuyos resultados se proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que las firmas en ambos documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que son apócrifas.

Aunado a ello la defensa solicitó vía transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe, pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.

La misma situación se habría presentado con al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con “fines políticos”.

En ese contexto el equipo legal de Duarte presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la Fiscalía de Veracruz.

Pablo Campuzano, otro de los abogados del exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron obligados a declarar en contra de Duarte.

También una recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.

“Derivado de estas prácticas es que no queda más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus colaboradores”, señaló Campuzano.

Con información de Animal Político