Permanecerá en prisión en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, la activista y defensora de derechos humanos, Kenia Inés “N” una vez que una juez de control decretó como legal su detención en el segundo proceso que se le imputa en el Estado de México por el delito de robo con violencia.
Se trata de su segundo arresto en los últimos cuatro meses. Su abogado, Antonio Lara, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC, denunció que se trata de “un montaje”.
“Pretenden acusar a Kenia de que se subió a un camión a robar a los pasajeros. Está fuera de toda noción de la realidad. Hace cuatro meses la acusaron de que el robo con violencia lo hace en un auto privado. Ahora que subió a robar a un autobús”, dijo.
En continuación de audiencia inicial en los juzgados de dicho centro de reclusión, la imputada conoció el contenido de la carpeta en su contra y para ello fue asistida de un intérprete de lengua amuzgo, una vez que señaló pertenecer a esta población indígena, además se le autorizó la duplicidad del plazo constitucional a 144 horas para determinar su situación jurídica.
De acuerdo con los datos ofrecidos en la audiencia, en febrero pasado Kenia Inés habría tomado la caseta de cobro de la autopista Toluca-Zitácuaro a la altura de la comunidad de San Pedro la Hortaliza, en el municipio de Almoloya de Juárez, lugar donde ella y otras personas despojaron del dinero del peaje a dos empleados que se encontraban en dicho sitio.
La audiencia seguirá el próximo 23 y ahí se conocerá si se vincula o no a proceso y si continúa con la medida cautelar que se le impuso o le serán cambiadas por otras.
Kenia Inés fue vinculada a proceso hace unos meses por el ilícito de robo con modificativa agravante de violencia, que enfrenta en libertad con las medidas cautelares de presentación a firma periódica, no acercarse a las víctimas y abstenerse de participar en manifestaciones en casetas de cobro mexiquense, entre otros.
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Recluida en la prisión, Hernández recibió la visita de oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Edomex (CEDH) y el Mecanismo de protección para Personas Defensoras y Periodistas, del que la activista es parte ya que tuvo que ser extraída de Guerrero a causa de las amenazas de muerte que recibió.
