Funcionarios de sexenio anterior deben aclarar gasto de 554 mmdp

La Secretaría de la Función Pública (SFP) llevó a cabo organismos y dependencias del gobierno de México durante 2019 e inició procedimientos de responsabilidades administrativas debido a que no se pudo esclarecer el destino de 544 mil millones de pesos durante el sexenio anterior.

«El monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal de los sectores de educación y salud juntos, los dos sectores con más recursos en el Presupuesto», subrayó Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP.

Esto constituye al Primer Informe de Fiscalización Pública 2019 presentado ayer y en el que se informan los hallazgos de 2 mil 500 auditorías a diferentes entes del gobierno federal.

En la revisión a Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), la Función Pública hizo 5 auditorías que incluyeron los convenios con la Universidad Popular de la Chontalpa y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, como parte de La Estafa Maestra.

En dicho esquema, Pemex-PEP hizo convenios con las universidades para supuestos servicios, pero éstas subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma. De acuerdo a la investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, el monto desaparecido en la empresa del Estado ascendió a 3 mil 576 millones de pesos.

En las auditorías de la Función Pública se determinaron 31 observaciones y un posible daño por 235.4 millones de pesos, debido a “irregularidades en el estudio de mercado para adjudicar los convenios; falta de capacidad técnica y humana de las instituciones públicas de educación superior subcontratación por parte de las IPES en contravención de la normativa y de lo convenido; falta de acreditación de la experiencia exigida y del perfil requerido para prestar los servicios; deficiencias en las órdenes de servicios emitidas por Pemex-Pep; y deficiencias u omisiones en los entregables”.

La Unidad de Responsabilidades en Pemex sancionó al exdirector general de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, por diversas irregularidades en la compraventa de acciones de Grupo Fertinal, S.A. de C.V., que incluyó la destitución, inhabilitación por 15 años y multa por 619.5 millones de pesos; y una segunda sanción con multa económica por 3 mil 225 millones de pesos.

Respecto a la planta de Agronitrogenados, que Pemex compró pese a que no era rentable, se instauró procedimiento administrativo disciplinario en contra de un ex servidor público por ocultar información a los Consejos de Administración de las empresas PMI Norteamérica, S.A. de C.V. y PMI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., sobre el estado físico de los bienes a rehabilitar.

Haber ocultado la información de que se trataba de una planta chatarra, permitió que se aprobara el incremento al presupuesto originalmente se había autorizado lo que causó un daño al patrimonio de Pemex por 4 mil 206 millones de pesos.

“En el oprobioso aeropuerto que canceló el Presidente”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se realizaron 13 auditorías en las que se determinó que no se aclaró el gasto de 18 mil 665 millones de pesos.

Esto debido a irregularidades como anticipos pendientes de amortizar; trabajos ejecutados sin contar con la comprobación documental de su ejecución; gastos indirectos no justificados; falta o inadecuada formalización de convenios modificatorios; precios unitarios con errores o improcedentes, entre otros.

El gobierno Federal hizo un convenio para modificar la carretera Federal 200, Manzanillo – Puerto Vallarta para supuestamente evitar accidentes. Los gastos de obra estuvieron a cargo de una empresa privada a cambio de entregarle el derecho de vía del trazo actual.

Sin embargo, la Función Pública determinó posibles actos de corrupción debido a que “se pretendió beneficiar a un particular con un bien propiedad de la nación. En la actuación de la empresa, se observó dolo y engaño. En la visita efectuada al sitio, se constató que se construyó la vialidad modificando el trazo original, sin respetar el derecho de vía, para liberar terrenos colindantes con la playa, que pretendían ser utilizados en un proyecto turístico de la misma empresa”.

Por lo tanto, la Función Pública recomendó a la SCT “realizar el proceso de nulidad del convenio sin derecho a indemnización, protegiendo los intereses de la nación”, dice el informe.

La Función Pública hizo 12 auditorías a la Comisión Nacional del Agua en la que falta por aclarar mil 581 millones de pesos por diversas irregularidades.

En la visita de inspección relacionada con la interconexión de las líneas de alta presión 1 y 2 del Sistema Cutzamala, a través de la pieza especial doble “Y”, conocida como “K” invertida se emitieron 3 observaciones por incumplimiento de la Ley de Obras Públicas.

Esto porque en la licitación pública realizada en 2012 “se favoreció a dos empresas; además, se apreciaron deficiencias en la evaluación de los procesos de adjudicación y se detectaron pagos en exceso y obra no concluida, lo que ocasionó la terminación anticipada del contrato y a la fecha existe un monto pendiente de aclarar, justificar o recuperar correspondiente a 178.3 millones de pesos”.

En su informe de fiscalización, la SFP señaló que hizo dos auditorías y dos visitas de inspección a la Secretaría de Marina, de las que se derivaron 32 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar, por 163 millones 500 mil pesos.

Entre esas observaciones, la SFP detalló que Marina hizo pagos anticipados por obras no terminadas por un total de 45 millones 400 mil pesos, y además cometió irregularidades en los cálculos de estimaciones en obras por otros 50 millones 300 mil pesos.

Otras observaciones a Marina fueron por la falta, o inadecuada formalización de contratos y convenios por 24 millones 600 mil pesos; el pago de obra no ejecutada o que se realizó fuera del contrato, por 18 millones 600 mil pesos; y obras realizadas sin cumplir con las especificaciones convenidas, por otros 12 millones 300 mil pesos.

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