Vendedores establecidos y empresarios del perímetro B del Centro Histórico denunciaron que desde hace unas semanas han observado que las banquetas y espacio público que circundan locales y establecimientos están ocupados por grupos de choque y hombres armados vinculados a La Unión Tepito.
Fue el 13 de enero, que locatarios de los perímetros A y B tuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno en la que se planteó la posibilidad de utilizar el espacio público para ofrecer sus productos.
“Desde que se tuvo esa reunión previa, en las calles del perímetro B, células de entre tres y cuatro hombres se colocan en las esquinas y supervisan la instalación de ambulantes, para que nosotros no podamos hacer uso del espacio público cuando se dé la apertura del comercio establecido”, dijo un representante, quien pidió no ser identificado.
Además, agregaron que después de que los restaurantes fueran abiertos nuevamente y se les permitiera utilizar terrazas y banquetas para instalar sus mesas y ofrecer el servicio, algunos de estos giros ubicados en Manuel Doblado y Peña y Peña ya recibieron visitas de presuntos integrantes del grupo delictivo para exigirles cobro de derecho de piso.
Pero también acusaron ser víctimas de los policías, fue la mañana de este viernes, que una veintena de empresarios y comerciantes establecidos sostuvieron un encuentro virtual con el subsecretario de Gobierno, Efraín Morales, José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), y Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico, con el fin de comenzar a delinear el esquema de apertura para este sector en el Centro Histórico.
En la sesión se analizaron que uno de los primeros pasos para reactivar los perímetros A y B sería el retiro de vallas para que se permitiera el libre tránsito. Además, plantearon que el transporte público traslade a los compradores para evitar que se aglomeren en las calles.
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Exigieron la reducción de los filtros de entrada, pues denunciaron que los policías que los supervisan los utilizan para extorsionar.
En el encuentro se detalló que los agentes cobran 50 pesos para el acceso peatonal en calles cerradas y hasta 500 para vehículos encargados de cargar o descargar productos en vía pública.
Los locatarios pidieron con urgencia a las autoridades dejarlos abrir, advirtieron que ya no harían ni movilizaciones ni manifestaciones como las que realizó el sector restaurantero, pero sí tomarían otras acciones de presión.
“Al plantear esto, el propio José Merino dijo que no había necesidad de movilizaciones ya que para el lunes está programada otra reunión para ver el esquema de apertura, que posiblemente será para el 1 de febrero”, comentó uno de los asistentes al encuentro virtual.
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