Todos los días se desviaron recursos durante el sexenio de EPN

Durante los seis años de administración del expresidente Enrique Peña Nieto al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.

En sus informes de 2012 a 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las dependencias del gobierno federal hicieron convenios con 35 universidades y sistemas públicos de radio y televisión, para hacer supuestos servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado.

Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dieron seguimiento a las auditorías de 2013 y 2014 y, por medio de la investigación de La Estafa Maestra, revelaron que las empresas subcontratadas por las universidades eran ilegales o fantasma, por lo que el dinero público desapareció.

Pese a que la investigación fue publicada en 2017, el informe de la auditoría, que se publicó el jueves pasado, reveló que las dependencias de gobierno continuó con el mecanismo hasta el último año de gobierno de Peña Nieto.

Los funcionarios públicos, rectores y directores de sistemas de medios no pararon el mecanismo ni siquiera por la veintena de denuncias penales interpuestas desde 2014 y hasta 2018 por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, ninguna denuncia ha prosperado para llegar a una investigación y respectiva sentencia para castigar a los responsables del presunto fraude a las arcas públicas.

De más de una centena de funcionarios involucrados, solo Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, se encuentra en prisión como medida cautelar por supuestamente haber mentido en la dirección de su residencia. Pero en su caso ni siquiera se investiga la ruta del dinero para hallar a los artífices y beneficiarios del mecanismo, ya que sólo se le atribuye el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

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