La corruptela en el Seguro Popular: el pan nuestro de cada día

A punto de terminar el sexenio de EPN han salido a la luz los trapitos al sol en cada una de las dependencias, este es el caso de las irregularidades en el sistema de salud pública.

Gracias al estudio “Irregulares financieras del Seguro Popular” realizado por la organización Impunidad Cero, el cual indicó que en los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que representa una violación al derecho a la protección de la salud.

El estudio reveló que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.

Y mientras la opacidad prevalezca en la administración de recursos del Seguro Popular, así como la claridad de las acciones correctivas  tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, la impunidad seguirá reinando en perjuicio de todos los mexicanos.

Se analizaron cinco entidades gobernadas por cinco partidos distintos, en donde resalta la malversación del presupuesto del Seguro Popular, el cual recibió un presupuesto de 167 millones de pesos de presupuesto solo en el 2017.

 

Chiapas

En esta entidad se encontró mayor monto de irregularidades, según la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación en el 2016.

La Auditoría revela que Chiapas, entidad gobernada por Manuel Velasco, manejó 948 millones de pesos de forma irregular porque la entidad no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras cuentas.

Por si fuera poco dejó de aplicar recursos correspondientes al programa, y tampoco reportó ante el SAT el ISR retenido a los trabajadores de febrero a diciembre 2016.

La entidad tampoco presentó evidencia documental del pago correspondiente de las aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 2016.

 

Michoacán

El estado gobernado por Silvano Aureoles, fue la entidad con más irregularidades y por un monto que ascendió a 927 millones de pesos. Nunca se entregaron documentos que comprobaran el gasto, por lo que el que faltante se refleja en las cuentas bancarias del programa.

No se proporcionó evidencia de la formalización de 2,009 contratos de personal correspondientes, ni la firma del trabajador y el titular de los servicios de salud de Michoacán en 359 contratos. Mil 801 contratos tienen sello del delegado administrativo, en lugar de la firma autógrafa del titular de los servicios de salud de Michoacán.

Además se detectaron pagos a personal que no desempeñaban las funciones para las que fue contratado. Y el estado adquirió medicamentos a un precio superior al de referencia.

 

Estado de México

En 2016, y bajo el mando de Eruviel Ávila hubo un manejo irregular por 820 millones de pesos, la auditoría señaló que no se proporcionó documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, tampoco pagó el ISR entre octubre y diciembre de 2016.

 

Oaxaca

El estado utilizó de manera irregular 175 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría Oaxaca gastó el presupuesto del Seguro Popular, sin presentar documentación que comprobara el gasto. Tampoco justificó las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud, pagos a terceros por servicios de salud y apoyo administrativo.

 

Baja California

Aquí la Auditoría reveló que el estado transfirió 155 millones de pesos a otra cuenta bancaria del ejecutor, y no proporcionó documentación que acredite su destino ni su aplicación a los fines del programa.

La entidad renombró algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son gravadas por la Ley del ISR y las cambió por percepciones exentas, “lo cual generó una exención del impuesto”. Tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido.

 

Hoy 16 de octubre será presentado el análisis “Irregulares financieras del Seguro Popular”, en el que se recomienda que los recursos del Seguro Popular sean transferidos a los estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para evitar la opacidad.

Esto solo nos confirma una vez más que urge poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, y por consiguiente la designación del fiscal especializado, toda vez que actualmente el limbo en el que se encuentra el sistema “solamente genera mayor incertidumbre jurídica”.

Habrá que esperar si realmente las propuestas que hizo Andrés Manuel López Obrador  durante campaña realmente van a acabar con la opacidad y la impunidad que impera en el sistema de salud actual.

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