Entre nuevos funcionarios de Pemex hay implicados en corrupción de Odebrecht y la Estafa Maestra

Compartir en email
Email
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en telegram
Telegram

CDMX.- El Consejo de Administración de Pemex, que presiden la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, aprobó los nombramientos de funcionarios vinculados a escándalos de corrupción como el caso Odebrecht y la Estafa Maestra, quienes además no cuentan con experiencia laboral en el área energética.

Entre ellos se encuentran el abogado José Samuel Sánchez Reyes, quien figura entre los 18 funcionarios investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht.

De 2012 a 2015, Sánchez Reyes fungió como gerente jurídico de Convenios y Contratos de Pemex, tiempo en el que se llevó a cabo una licitación pública a favor de Odebrecht.

El 3 de octubre 2017, Regeneración, el órgano difusor de Morena, dirigido entonces por el actual vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, reportó que este funcionario estaba siendo investigado por la PGR por su presunta implicación en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Sánchez Reyes fue propuesto por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, como el actual subdirector jurídico de Operaciones Regionales.

Otro de los involucrados es el nuevo director general de Pemex Fertilizantes, Rogelio Hernández Cazares, a quien se le documentó en 2016 un desvío por 915 millones 217 mil pesos cuando se desarrollaba como titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca, a cargo del seguro popular.

Hernández Cazares fue enlace estatal de Morena en Oaxaca hasta julio del 2018.

Hombres de confianza pero sin experiencia

Entre otros nombramientos hechos a solicitud de Romero Oropeza de personajes cercanos a él y sin experiencia previa destacan:

Marcos Manuel Herrería Alamina, su secretario particular cuando aquel fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, fue designado director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. También estuvo en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Herrería es cuñado de Pedro López Obrador, hermano del presidente.  

Víctor Manuel Navarro Cervantes, ahora titular de la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño de Pemex, se desempeñó antes como subdirector de Administración y Finanzas del Metro en 2004; más tarde, en 2005, fue coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor.

Javier Emiliano González del Villar, director general de Pemex Logística, subsidiaria encargada de la distribución de combustible en el país, es sobrino del exprocurador capitalino Samuel del Villar.

González del Villar es licenciado en derecho y se desempeñó de 2004 a 2015 en funciones de seguridad. Fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de 2004 a 2007, y más tarde, de 2009 a 2011, asesor en tareas de seguridad pública del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Al año siguiente fungió como primer fiscal de Extinción de Dominio de la Procuraduría capitalina.

En la Estafa Maestra

Miguel Ángel Lozada Aguilar fue designado director general de Pemex Exploración y Producción (PEP). En 2017 apareció su nombre en la investigación periodística de la Estafa Maestra porque cinco años antes como administrador de Cantarell autorizó el convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas, Tabasco, para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para esa Subdirección por 140 millones de pesos.

Estos acuerdos formaron parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la UPCH facturó 82 mil 863.2 pesos y realizó la subcontratación de servicios a la empresa Maheca, SA de CV, por 80 mil 880.4 pesos, aunque ésta tampoco tenía las capacidades para desarrollar los trabajos.

Actualmente Lozada tiene la tarea de desterrar la corrupción de Pemex Exploración y Producción (PEP).

Con información de Proceso

Deja un comentario