Un juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, ordenó aplazar la audiencia de imputación contra 20 exfuncionarios del sistema penitenciario por los delitos de uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa, luego de la petición expresa de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos fiscales reconocieron no estar preparados para litigar el caso.
El impartidor de justicia, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó lo anterior, debido a que la mayoría de los fiscales, así como abogados defensores de casi la mitad de los imputados, argumentaron que apenas el viernes pasado tuvieron acceso a la carpeta de investigación, por lo cual aún no han revisado todo el expediente que abarca 6 tomos para preparar su defensa.
Esto fue derivado porque la FGR entregó las copias digitalizadas de la carpeta de investigación con apenas tres días de anticipación y era imposible para los litigantes conocer el contenido de la misma.
Además, por estos mismos hechos ya existe una orden de aprehensión contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.
Te puede interesar: Autoridades de EU presentan más evidencias en contra de Genaro García Luna
Ante las posturas coincidentes de una mayoría de los imputados con el planteamiento de la FGR, el juez reprogramó la audiencia de imputación para los 20 exfuncionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) hasta el próximo 18 de octubre.
No obstante, un grupo de defensores de los servidores públicos investigados solicitó al juez celebrar la audiencia y pusieron en evidencia que la misma FGR había sugerido aplazar la diligencia a los comparecientes cuando se les entregó copia del expediente, con el argumento de que era “demasiada información”.
De igual manera, esta resolución del juez incluyó un apercibimiento a los Ministerios Públicos de la FGR para que no oculten información a los abogados de los 20 imputados por la firma de los contratos para la construcción de ocho penales federales con financiamiento privado, pues la razón esgrimida por los acusados y sus defensas es que no tuvieron tiempo suficiente para revisar el contenido de la carpeta de investigación.
Seguir leyendo: García Luna contaba con residencias de lujo en CDMX y Morelos
Sin embargo, el juez Villar Ceballos les lanzó un regaño y advirtió que, si los fiscales de la FGR vuelven a impedir que los defensores conozcan de la carpeta, retrasando las copias o impidiendo su consulta directa al contenido de la misma, serían objeto de una multa económica y de presentación de una queja formal ante su superiores jerárquicos.
Cabe mencionar, los ex funcionarios pagaron sobreprecios por 62 mil 840 millones 525 mil 801 pesos en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
Estos fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
De hecho este asunto es la continuación de la indagatoria por la que un juez ordenó en marzo pasado la aprehensión de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal durante la administración Felipe Calderón, por irregularidades en estos 8 contratos de cerca de 270 mil millones de pesos en los penales federales.
AE
