Más de 10 años y no llega la justicia a mineros tras el fraude de ‘Napito’ por 55 mdd (VIDEO)

Han pasado 13 años desde que Napoleón Gómez Urrutia se llevó un fideicomiso de 55 millones de dólares y que son parte del patrimonio de 7 mil 500 mineros, ahora retirados, y que no han descansado para recuperarlos. 

La lucha del grupo conocido como “719” ha llegado hasta los tribunales para denunciar el robo que sufrieron en manos del ahora senador por Morena. 

Los recursos fueron entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, el 3 de marzo de 2005, tras la venta de la Minera Cananea; se trató de una aportación de Grupo México a los trabajadores para indemnizarlos por el proceso de privatización a través del Fideicomiso 10964526 (antes 9645).

Gómez Urritua extinguió dicho fideicomiso y salió del país, unos días después de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos ocurrida el 20 de febrero y que dejó 65 muertos, para autoexiliarse en Canadá por 12 años, dejando a 7 mil 500 mineros sin el dinero que les correspondía. 

Durante su estancia en Canadá, el líder minero y su familia vivieron en un condominio de 670 metros cuadrados, ubicado en una exclusiva zona residencial de Vancouver y cuyo valor ronda los 1.8 millones de dólares.

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En esos años, tuvo recursos para contratar a abogados de la talla de Carlos de Buen y Marco Antonio del Toro y enfrentar 11 órdenes de aprehensión y nunca ser encarcelado. Su regreso a México se fraguó cuando Morena lo nombró candidato plurinominal al Senado de la República. 

Desde su regreso, los mineros han buscado por todas las vías legales, que les regresen los 55 millones de dólares. Un triunfo fue que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió, en 2018, un laudo que obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares a repartirles dicho fondo con los intereses o rendimientos generados durante más de una década. 

Sin embargo, Gómez Urrutia ha recurrido a diversas maniobras jurídicas para no pagar. Incluso el sindicato argumentó que pagó 23 millones de dólares a trabajadores, un millón 500 mil dólares al fiduciario, y que 14 millones de dólares fueron embargados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

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El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019, desechó los amparos promovidos por el senador de Morena y ordenó al Tribunal Colegiado que los resuelva de forma definitiva.

Además del fuero que le da el cargo de legislador, el mandatario ha declarado en diversas ocasiones que se trata de un perseguido político y hasta ahora la justicia no ha llegado a los mineros retirados. 

“Buscamos justicia desde hace 15 años. Llevamos nuestra demanda a los tribunales para que el sinvergüenza de “Napillo” Gómez Urrutia regrese los 55 millones de dólares”, dijo Félix Duarte, uno de los mineros que busca justicia e integra al grupo 719.

E incluso, y a pesar de varias demandas de amparo, no hay una solución por lo que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que les ayude a recuperar ese dinero; afirmaron que para resolver este caso hace falta voluntad política.

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“Sabemos la ruta del dinero, porque está documentada y queremos que sea el señor presidente quien haga posible que ese dinero llegue a donde tiene que llegar”.

Junto a Alfredo Zambrano y Roberto Esquer, Felix Duarte señaló que cuando vieron que Morena incluyó en las listas plurinominales al Senado a Gómez Urrutia fue una bofetada. 

“El regreso del perseguido, que fue triunfal, una bofetada para los cientos de mineros con derecho a este recurso, que sueñan que algún día también triunfe su esfuerzo, recuperar lo que es de ellos”, lamentó.

Por último, reiteró su petición de justicia porque la mayoría de los mineros ya están en la tercera edad “y quieren vivir para contarlo”.

IV

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