Inegi incluirá preguntas sobre discapacidad en el Censo 2020; activistas lo consideran un triunfo social

Ciudad de México.- Hace un año, el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) provocó la inconformidad de organizaciones de Personas con Discapacidad (PcD) y la preocupación de organismos defensores de derechos humanos, al publicar su diseño del nuevo Censo de Población y Vivienda 2020 con una diferencia: las preguntas sobre discapacidad quedarían sólo en un cuestionario y no en dos, como en las ediciones anteriores.

En los censos de Población de los años 2000 y 2010, la batería de preguntas sobre discapacidad fue incluida en los cuestionarios básico y ampliado, sin embargo, el Instituto las excluyó del básico en su proyecto de Censo 2020, lo que las organizaciones consideraron discriminatorio porque no todas las personas en esta condición serían contadas. Después de una consulta y las pruebas piloto, el Inegi anunció este lunes que el tema se queda en ambos cuestionarios.

Las organizaciones civiles aplaudieron el anuncio, al que consideran un logro de la sociedad civil, que pugnó en todos los foros porque no desapareciera la discapacidad en el cuestionario básico.

Además de las organizaciones, organismos autónomos defensores de derechos humanos e incluso la Comisión Permanente del Congreso exhortaron al Instituto a reconsiderar su decisión, que en un principio justificó como un “cambio metodológico”. Entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que manifestó su preocupación en abril de 2018 por esta exclusión, que calificó como un retroceso en la recopilación precisa sobre el número de personas con discapacidad que viven en México.

En diciembre de 2017 el Inegi realizó una consulta sobre el diseño del Censo 2020 y durante 2018 realizó las pruebas piloto para su levantamiento, tras lo cual, durante una reunión con las organizaciones, les anunció que la pregunta sobre discapacidad permanecerá en ambos cuestionarios.

La importancia de que el tema aparezca en ambos radica en su alcance, explicó a este medio Taide Buenfil, presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). Mientras el cuestionario básico tiene el alcance de un censo -es decir, que se aplica en cada casa del país-, el cuestionario ampliado es una muestra representativa.

“Es una maravilla que se haya incluido en los dos porque el básico llega a todas las personas, se hace directamente a cada individuo y nos va dar zonificación, ubicación, un conteo total de la población”, expresó la experta en Responsabilidad Social.

En los últimos dos censos generales se incluyó en ambos cuestionarios las preguntas cognitivas sobre discapacidad diseñadas por el Grupo de Washington para las Estadísticas sobre Discapacidad (creado para uniformar los criterios en todo el mundo), que se refieren a la dificultad que presenta cada persona para ver, oír, caminar, comunicarse, entre otras habilidades. Para poder comparar el desarrollo de la discapacidad durante los últimos 10 años, era indispensable que el Censo 2020 incluyera esas preguntas, indicó Buenfil.

La activista también aplaudió que en el diseño del censo que se realizará el año próximo esté incluida una pregunta para conocer el grado de discapacidad que tiene la persona. “Eso nos sirve muchísimo para conocer y reconocer cómo es nuestra población en esa materia”, apuntó.

No obstante, el Inegi indicó a Animal Político que su efectiva realización dependerá del presupuesto que el Congreso le apruebe para el año 2020. Esta reserva del Instituto ocurre en el contexto de diversos recortes presupuestales que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha aplicado a programas y proyectos de corte social.

Al respecto, Taide Buenfil aseguró que el Instituto ha mostrado “toda la voluntad política” para llevarlo a cabo pero requiere que el Congreso apruebe los recursos solicitados, de lo contrario se ponen en riesgo mecanismos que permiten tener información precisa para la creación de políticas públicas.

“Aquí lo importante es que el estado mantenga o disponga los recursos para que este censo se haga completo. Ese es el riesgo que corremos, cuando hay recortes, es lo que pasa con la discapacidad: que son temas prioritarios pero dependen del recurso. El Estado se tiene que dar cuenta de la importancia de este tema, que va en aumento por la tercera edad, y porque la depresión será cada vez más una cuestión de salud pública”, concluyó la presidenta de la Asamblea Consultiva de Conadis.

Con información de Animal Político

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