Cuatro años de Ayotzinapa: La “verdad histórica” y otras falacias

Se cumple otro año más para sumar: Cuatro ya; 1,460 días han pasado desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en la que un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se congregaron en Iguala donde se disponían a tomar autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa anual de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.

 

Sin imaginar que ellos mismos protagonizarían otra. La noche del 26 y parte de la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y en un episodio aún confuso se dice que hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes  de una célula del narcotráfico local contra los autobuses donde viajaban los estudiantes y uno más con integrantes de un equipo de fútbol llamados los “Avispones de Chilpancingo”, quienes presuntamente pidieron ayuda a militares de la zona,  mismos que se negaron con el argumento de que no era su “jurisdicción”.

Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces.

Días después la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, su versión señaló que la pareja que gobernaba Iguala en ese entonces, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, tenía vínculos estrechos con un grupo del crimen organizado, llamado “Guerreros Unidos”. La pareja creyó que los jóvenes iban a irrumpir en un evento público  y ordenó su detención. Se ha encontrado que varios de los policías municipales estaban involucrados con “Guerreros Unidos”.

Durante la búsqueda inicial de los jóvenes desaparecidos en los primeros días de octubre, se encontraron una serie de fosas comunes con supuestos restos de personas calcinadas, algunas de ellas en un basurero en la localidad cercana de Cocula.

En noviembre del 2014, la PGR aseguró que partes de esos restos correspondían a los estudiantes, a partir de supuestas confesiones de presuntos delincuentes, quienes, se ha revelado, fueron torturados.

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense dijo que el gobierno le entregó restos que tienen coincidencias de ADN con uno de los jóvenes, Alexánder Mora Venancio, sin embargo se desconoce el origen de esos restos.

 

La PGR ha dejado mucho que desear con su “verdad histórica” y sus falacias sobre lo que pasó aquel día.

 

Otras versiones señalan que Enrique Peña Nieto solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las exigencias  de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas además de los representantes de las familias de los 43 estudiantes.

Así se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), compuesto por cinco latinoamericanos expertos en temas legales y de derechos humanos.

 

Durante 2015, los integrantes del grupo recopilaron información de diversas fuentes sobre lo sucedido esa noche de septiembre y los días posteriores, aunque en varias ocasiones denunciaron que el gobierno no les daba acceso a sitios o a figuras que podrían tener información.

A partir de las evidencias que recabaron, el GIEI publicó dos informes en los que contrastan las afirmaciones de las autoridades.

Aunque la PGR asegura que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, los expertos del GIEI afirman que no hay evidencia alguna que corrobore que en ese sitio se hayan realizado cremaciones como las descritas por el gobierno.

El GIEI señaló que diversas autoridades manipularon la evidencia, torturaron a sospechosos (algo también fue denunciado por la ONU) y no investigaron pistas que podían apuntar a conclusiones distintas que la de incineración, como la hipótesis de que uno de los autobuses secuestrados por los estudiantes habría tenido escondida droga que los delincuentes habrían querido recuperar sin que los jóvenes lo supieran.

Misteriosamente a mediados del 2016,  después de publicar su informe los expertos del GIEI tuvieron que dejar México por órdenes del gobierno de EPN.

El New York Times reveló que los integrantes del GIEI fueron espiados por medio de un programa que había adquirido el aparato de seguridad del gobierno mexicano.  

Una luz de esperanza iluminó nuevamente a los familiares de los 43 normalistas quienes siguen pidiendo que se esclarezca la verdad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó amparos  en contra del arresto de varios de los sospechosos detenidos a quienes torturaron para declarar, hecho que ha sido documentado por la ONU.

El caso terminó frente al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de México, que en julio falló que toda la investigación había estado viciada y la única manera de remediarlo era empezarla de nuevo con un mecanismo inédito: una Comisión de Investigación en la que participaran tanto la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como los representantes de las familias.

Aunque hubo un freno inicial a ese fallo, otro tribunal dijo esta semana que debe proceder la creación de la comisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envió al GIEI a México hace tres años mantiene la vista sobre las investigaciones por medio de un mecanismo de seguimiento en colaboración con la oficina de la ONU en México y la CNDH.

Es factible que la GIEI regrese cuando Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo de Presidente de México, según Mario Patrón, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que representa a los padres.

En el marco del cuarto año de la desaparición, López Obrador tuvo una reunión con madres y padres de los 43 normalistas previo a la marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México en punto de las 16:00 horas.

Es momento de unirnos este miércoles a la consigna que será coreada a cuatro años de los hechos, junto con la lectura en voz alta de los nombres de cada uno de los jóvenes estudiantes: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”.

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